Los más de 1.000 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la Comunitat Valenciana llevan 22 años, desde 1997, rigiéndose por un Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) que hace una decena de cursos ya se había quedado obsoleto ante las nuevas realidades de las aulas. Aunque sobre la campana, estamos a casi tres meses de las elecciones, la Conselleria de Educación lleva este jueves a la mesa sectorial de negociación con los sindicatos un borrador de ROF que dota de más autonomía a los equipos directivos de los colegios siguiendo el modelo finlandés.

Así lo prometió el conseller Vicent Marzà hace 21 meses cuando, junto al president Ximo Puig , visitó el país báltico con el fin de conocer y tender puentes con un sistema educativo que está considerado el mejor del mundo. «Queremos promover la confianza en el profesorado y descentralizar el sistema dando más autonomía a los centros docentes», avanzó Marzà desde Helsinki en mayo de 2017.

En este sentido, el nuevo ROF incorpora entre las competencias de los directores «el proponer la definición de los puestos de trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no reguladas por la conselleria (…) con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en Plan de Actuación para la Mejora (PAM)». Una flexibilización de plantillas siempre bajo supervisión de la conselleria que, según el texto, «establecerá las condiciones y los procedimientos oportunos».

El presidente de la Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària del País Valencià (Adip-PV), Ginés Pérez Gea, considera «bastante positivo» el nuevo ROF que propone la conselleria y cuya actualización era una reivindicación histórica de este colectivo que representa a los equipos directivos de la escuela pública.

Pérez Gea detalla que Educación «ha recogido la gran mayoría de aportaciones que hemos hecho desde Adip-PV» durante el proceso participativo que abrió para redactar el nuevo reglamento. Una de ellas es la posibilidad de flexibilizar las plantillas y otra la redistribución de las horas de dedicación a las tareas de dirección, unas atribuciones que se han triplicado en los últimos años aunque la asignación horaria no ha variado en 22 años.

En un colegio de una línea (3 aulas de Infantil y 6 de Primaria) el director tiene 9 de sus 25 horas lectivas semanales liberadas para ejercer su cargo, y el jefe de estudios y el secretario 6 horas cada uno. En un centro de dos líneas (6 aulas de Infantil y 12 de Primaria) cada uno de ellos gana tres horas (12+9+9). El nuevo ROF rompe esta rigidez y permite a los equipos directivos repartirse estas 21 o 30 horas globales entre los tres miembros según las necesidades de cada centro.

Otra cosa distinta es la revisión al alza de la dedicación horaria del equipo directivo, otra demanda histórica de Adip-PV y que la conselleria se ha comprometido a incluir en el decreto de plantillas o en las instrucciones de inicio de curso. Pérez Gea incide en que entre un centro de una línea y uno de dos «apenas hay tres horas de diferencia por cargo directivo de dedicación, cuando la distancia es abismal al pasar de 200 a 450 niños».

El nuevo ROF también abre la puerta de los colegios de Infantil y Primaria al voluntariado. Según el portavoz de los directores, «hasta ahora legalmente en las aulas solo puede estar el profesorado contratado por la conselleria, con lo que por ejemplo si un maestro jubilado quiere colaborar con la escuela le tenemos que decir que no».

El voluntariado escolar, según el borrador del reglamento, nace «con la finalidad de promover la apertura de los centros docentes al entorno y de mejorar la oferta de las acciones educativas realizadas por los centros». Los vínculos con las redes de voluntariado deben estar «previamente autorizados por el Consejo Escolar». «Participarán en las actividades formativas previstas por el centro y en las que sean necesarias para mantener la calidad de los servicios que se prestan».

La normativa fija que «en ningún caso los voluntarios podrán realizar actividades en puestos reservados a personal remunerado» y, al igual que el resto de docentes, educadores, monitores de comedor o de actividades extraescolares, deberán «estar en posesión del certificado de no constar en la base de datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales».